Autor: core

Gobierno Regional y Consejo Regional (CORE) se estudian nuevos ajustes al Programa de Empleabilidad Regional, que se ejecuta en la región y que ha permitido generar fuentes de empleos de emergencia para cerca de más 2.400 personas y para el cual se buscan darle continuidad para lo que resta del año y proyectar su continuidad el 2025, subsanando para ello todos los inconvenientes generado en su ejecución durante el presente año.

Así se desprende de la reunión en conjunto que sostuvo la comisión de Desarrollo Social del CORE con el gobernador, alcaldes, Asociación de Municipios de la Región de Coquimbo, la Asociación de Municipios Rurales del Norte Chico, y representantes del GORE.

La reunión de seguimiento tuvo como objetivo, analizar el estado de ejecución del programa, su avance financiero, la programación del segundo semestre 2024, y la proyección y continuidad para el año 2025.

Tras una ronda de intervenciones de parte de los alcaldes de Andacollo, Combarbalá, consejeros regionales y equipos encargados de la ejecución del programa en los municipios, se concluyó que son varios los problemas que han surgido en la ejecución del programa, entre ellos, la falta de plazos necesarios para hacer los convenios y poner en marcha el programa; las lagunas generadas entre cada semestre, los gastos incurridos por tres municipios por dar continuidad al programa y no respetar las fechas de término del mismo, teniendo que asumir el costo de aquello; la reposición de materiales para nuevos beneficiarios y el pago del fuero maternal entre otras situaciones.

Antecedentes del programa

El Programa de Empleabilidad se inició el año 2023, fue aprobado mediante acuerdo CORE N°12.881 de fecha 05 de enero de 2023, para 1917 cupos, divididos entre las 15 comunas de la región, por un monto total de $5.924 millones para abril-diciembre 2023.

Seguidamente, y por acuerdo CORE N°13.700 de fecha 12 de diciembre del 2023, se aprobó un suplemento de fondos para dar continuidad al programa para los meses enero-junio 2024 por $3.942 millones.

Posteriormente, según acuerdo CORE N°14.038, de fecha 23 de abril, se aprobó un segundo suplemento de fondos, por $7.566millones, para un aumento de plazo en la ejecución hasta el 31 de diciembre del 2024 y un aumento de cupos contratación, quedando en 2.478 cupos actualmente vigentes y que corresponden a 1.312 cupos de media jornada y 1.166 cupos de jornada completa.

Más de $4.500 millones en proyectos de seguridad fueron aprobados en el Consejo Regional (CORE).

se trata de seis proyectos que está enfocados en la seguridad pública, dos de los cuales van a apoyar directamente a la labor de la PDI y uno a Carabineros.

En el primer caso, se trata de la iniciativa “Sistema Automatizado de Identificación Biométrica (ABIS) para unidades policiales y fronterizas pertenecientes a la Policía de Investigaciones de Chile”, por un total de $1.384 millones, proyecto que busca dotar de una herramienta tecnológica avanzada de reconocimiento biométrico a la PDI, que está compuesta por una solución de software y hardware que permite la identificación de personas a partir de huellas dactilares, huellas palmares, fotografías faciales y voz. Esta herramienta ya es utilizada en la región de Arica-Parinacota por la PDI y ha sido clave para el combate contra el crimen organizado y la migración ilegal.

Además, en la misma sesión, se aprobó el proyecto “Adquisición equipo y equipamiento para investigación de delitos de alta complejidad, PDI” ($830 millones), el que pertenece al Plan Nacional contra el crimen Organizado (PNCO) de la Subsecretaría del Interior y tiene como objetivo dotar a la Brigada antinarcóticos y al Laboratorio de Criminalística regional La Serena de equipo y equipamiento adecuado para la optimización de los tiempos en la obtención y análisis de evidencia que aporten resultados de mayor calidad en las investigaciones.

En el caso de Carabineros, fueron aprobados $323 millones para la compra de 2 vehículos para el traslado de imputados en la región, necesarios para mejorar los niveles de seguridad tanto para las personas que lo demandan, como para el personal policial que se desempeña en labores operativas y que utiliza dichos medios.

El General Juan Antonio Muñoz, Jefe de la Zona de Carabineros Coquimbo, señaló que “esta es una aprobación más producto del trabajo en conjunto que estamos haciendo con el Gobierno Regional, que ha entendido que las inversiones en seguridad son sumamente importante para los ciudadanos de la región, así que esta inversión de más de $300 millones va en esa línea”.

Por otro lado, se aprobó la iniciativa “Adquisición de camionetas para patrullajes preventivos de La Serena” por un monto de $355 millones, la iniciativa “Adquisición de sistema de aeronave remotamente piloteada RPAS para Salamanca” por $42 millones y se realizó la rectificación del Acuerdo CORE N°14442, que aprueba la iniciativa “Transferencia Televigilancia Móvil en la Región de Coquimbo”, por más de $1.920 millones para su ejecución.

Avances concretos para el desarrollo de las veranadas 2024-2025 realizó el Consejo Regional en conjunto con el Gobierno Regional, al aprobar el envío de la solicitud formal a la Subsecretaria de Agricultura, para que se encargue del pago del peaje al Gobierno de San Juan, Argentina, una vez que dicha instancia apruebe el ingreso del ganado a los altos valles de Calingasta.

Así quedó establecido en la sesión ordinaria del cuerpo colegiado, celebrada el viernes 27 de septiembre. Una vez que haya respuesta de la Subsecretaria de Agricultura, el Gobierno Regional procederá con la transferencia de los $200 millones aprobados para esos fines.

Voluntad de conversar

En cuanto a las conversaciones con el Gobierno de San Juan, hay voluntad de conversar con el país vecino, a diferencia de lo sucedido con la anterior administración, en que no hubo voluntad de escuchar y de llegar a acuerdos. En cambio hoy, ambos gobiernos están en condiciones de conversar, y eso hace muy bien para el progreso de ambos países”.

Otra de las materias que en este ámbito está en trámite es el convenio SAG, el que actualmente se encuentra en toma de razón en la Contraloría, mediante el cual el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) realizará el proceso de vacunación y desparasitación al ganado mayor y menor que habitualmente va a las veranadas, llámese caprinos, caballares y perros.

Una preocupación surgida en la última sesión es la coordinación necesaria que debe existir entre las diversas instancia para el éxito de las veranadas, para lo cual se acordó convocar a una próxima reunión a todas las instancias intervinientes, entre ellas, las seremis de Agricultura, Medio Ambiente y Salud, y el Servicio Agrícola y Ganadero, para ir evaluando las gestiones que está realizando cada uno.

Tras años de espera por la comunidad Ovallina, el término de la reposición de la Escuela Básica El Crisol está cada vez más cerca, luego que el Consejo Regional (CORE), decidiera aprobar un suplemento de $529 millones para terminar las obras civiles, alcanzando, de esta manera, una inversión total de $2.552 millones.

En sí, el suplemento entregado por el Gobierno Regional, será utilizado para la instalación y construcción de un ascensor de acceso universal; la colocación de porcelanato en distintos sectores; cielos de placa yeso y de cartón americano de PVC; el revestimiento de frontón; colocación de una estructura galvanizada metálica en cielo; distintas modificaciones en instalaciones eléctricas, ventanas; equipamiento para la cocina de la escuela; entre otros.

Finalmente, se espera que la escuela básica El Crisol se encuentre lista para ser entregada en los próximos meses, en donde sus alumnos podrán aprender en la estructura de 2.769 m2, la cual contendrá áreas administrativas, docentes y de servicios; además de un comedor; pasillos; patios descubiertos y cubiertos; y una multicancha.

En la búsqueda de soluciones para reducir el déficit habitacional que presenta la región, se aprobó por unanimidad, la propuesta presentada por el ministerio de Vivienda y Urbanismo, orientada a la adquisición de terrenos en zonas rurales de cinco comunas de la región: La Serena, Vicuña, Rio Hurtado, Ovalle e Illapel.

La propuesta que representa una inversión 53.093 UF, equivalente a $2.044 millones fue analizada en detalle por los consejeros de la comisión de Desarrollo Social del CORE y el SEREMI José Manuel Peralta.

Banco de suelos

Uno de los propósitos del ministerio de la Vivienda, en su rol de planificación, es proyectar la compra de suelos aptos para la construcción de viviendas en las distintas comunas de la región, y crear un banco de suelos que les permita atender las necesidades de la población. En esa línea, el SERVIU ha realizado una inversión histórica, habiendo adquirido a la fecha cerca de 53,7 Hectáreas (537.000 mts2 aprox.) concentradas en las comunas de La Serena, Coquimbo, Paihuano, Monte Patria, Los Vilos e Illapel.

Este plan de desarrollo habitacional permitirá no solo proyectar viviendas, sino también equipamientos, áreas verdes, y espacios de servicios, que contribuyan a la conformación de ciudades más equitativas en cuanto a acceso a servicios disponibles.

El cuerpo colegiado aprobó $453 millones como parte del convenio de “Transferencia Expropiación de Caleta Sierra” entre el Gobierno Regional y el Ministerio de Bienes Nacionales, lo que viene a complementar el presupuesto de dicho Ministerio, dando un monto provisional de indemnización de $673 millones para materializar la expropiación de Caleta Sierra y la posterior destinación de lo expropiado a SERNAPESCA, en virtud de la Ley N°21.027.

Con la expropiación de estos las 16,96 hectáreas, pertenecientes a la Sociedad Inversiones Limitada y a Inversiones e Inmobiliaria El Arrayán S.A, se ayudará a 141 pescadores registrados y a sus respectivas familias, sumando así un total aproximado de 568 beneficiarios, entregándoles certeza jurídica sobre la tenencia a los pescadores artesanales y sus comunidades, fortaleciendo su capital humano, social y productivo, dando solución a las familias y evitar su desalojo.

Ley de Caletas Pesqueras

La confiscación de los terrenos en Caleta Sierra será realizada bajo el amparo de la ley N° 21.027, “Ley de Caletas”, aprobadas el 2017, con la cual se permite declarar la utilidad pública de los terrenos privados en los que se sitúen caletas de pescadores artesanales y establece expresamente la autorización al Ministerio de Bienes Nacionales para expropiar dichos terrenos.

La seremi de Bienes Nacionales, Mabel Iturrieta, señaló que “esta iniciativa es muy importante, ya que sería la primera caleta que se expropia a nivel nacional, a través de la ley N° 21.027, la cual da una certeza jurídica a las comunidades que viven en el sector para que puedan realizar una autogestión que sirva para el desarrollo de la zona con la ayuda que el estado a través de un plan de administración de la caleta”.

Es así como se espera que con la adquisición de estos terrenos se pueda generar un fortalecimiento del capital humano, social y productivo en la Caleta Sierra.